El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1566, que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública.

De acuerdo con la normativa, las personas que sufran de trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a dichas sustancias, lícitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

La atención a los drogadictos hará parte del plan obligatorio de salud (POS). La primera actualización del POS relacionada con lo establecido en esta ley deberá efectuarse en un plazo de 12 meses, contados a partir de su sanción.

La norma le asigna a la Comisión de Regulación en Salud la facultad de incorporar en los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado todas las intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y terapéuticos, medicamentos y actividades que requieran las personas con trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo de drogas.

Por su parte, el Ministerio de Salud se encargará del seguimiento y la evaluación del impacto de la política pública de salud mental y la política de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.

Los recursos  del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado se destinarán fortalecimiento de estos programas.