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Actualizado hace 11 hours | ISSN: 2805-6396

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Procuraduría rinde concepto a favor de profesional de la salud investigada en caso de aborto

01 de Marzo de 2013

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Nota:
24737

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, rindió concepto ante el Tribunal de Ética Médica del Meta, en el caso de una profesional de la salud que es investigada por remitir a la Procuraduría información de una paciente que solicitó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

 

Hoyos precisó que estaba facultada para solicitar dicha información, que obraba dentro de un expediente de tutela sobre el cual el Ministerio Público deseaba pronunciarse.

 

Según la funcionaria, en un primer momento, la Procuraduría le solicitó a la profesional que precisara si, efectivamente, la paciente había solicitado una IVE, como se concluyó en la Sentencia T-585 de 2010.

 

“Como la citada médico aclaró que ella no había escrito ‘indicación de aborto’, como concluyó la Corte, sino ‘amenaza de aborto’, el 13 de diciembre de 2010, al solicitar la nulidad de la citada sentencia, el procurador, Alejandro Ordóñez, sostuvo que ‘la Sala Octava de Revisión en la Sentencia T-585 de 2010 partió de la falsa idea que la peticionaria hizo solicitud de aborto ‘desde un primer momento’ y manifestó que ello constituía una ‘alteración de la prueba’ que conduce de manera directa al desconocimiento del derecho al debido proceso”, aclaró Hoyos.

 

Adicionalmente, precisó que, por medio de Auto 038 del 2012, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió denegar la solicitud de nulidad presentada por el jefe del Ministerio Público y, además, compulsar copias al Tribunal de Ética Médica, pues la profesional de la salud “pudo haber incurrido en la falta ética de revelar el secreto profesional y de transgredir ‘la reserva de la historia clínica”.

 

Finalmente, la funcionaria reiteró que, de conformidad con el artículo 287 de la Constitución, el Procurador General de la Nación, por sí mismo o a través de sus delegados o agentes, puede exigir a los funcionarios y a los particulares la información que considere necesaria e, incluso, interponer las acciones que crea pertinentes.

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