Procuraduría denuncia diferencias en reportes sobre prácticas de aborto

En su informe de seguimiento a la Sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas, la Procuraduría General de la Nación denunció que hay disparidad en los reportes sobre la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.

Mientras el Ministerio de Salud indica que, a diciembre del 2010, se atendieron 947 casos, organizaciones como Oriéntame dan cuenta de 3.061 casos; Profamilia, de 414, y la Fundación Apóyame, de 288.

Según el ministerio, la causal más invocada para practicar el aborto es la grave malformación del feto que hace inviable su vida. Por su parte, las instituciones privadas (Profamilia, Fundación Oriéntame y Fundación Apóyame) reportaron que este procedimiento fue realizado, en su mayoría, por el peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer gestante.

“La información reportada por la cartera de Salud indica que el 57,65 % de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo fueron realizados a través del régimen contributivo, mientras que las demás entidades privadas reportaron que el 95 % de los procedimientos realizados fueron sufragados por particulares”, señaló la Procuraduría.

Además, aseguró que las diferencias entre la información reportada por una y otra fuente evidencian que aún no existe unidad de criterios técnicos, jurídicos ni epidemiológicos sobre la manera de registrar los datos relativos a la prestación de este servicio.

De otro lado, advirtió que es necesaria la construcción de indicadores de medición del impacto generado con la implementación de la Sentencia C-355.

Finalmente, la Procuraduría aseguró que existe un desconocimiento de la obligatoriedad de los procedimientos de consentimiento informado, “lo que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres que acceden a estos procedimientos y limita su participación en procedimientos que afectan su salud sexual y reproductiva a corto, mediano y largo plazo”.