La Corte Constitucional instó al Gobierno para que elabore una política pública que tenga en cuenta terapias alternativas que les brinden una mejor calidad de vida a los menores de 18 años en condición de discapacidad.

En sentencia del pasado 10 de octubre, el alto tribunal les pidió a los ministerios de Educación y de Salud y a la Comisión de Regulación en Salud  que, en un plazo máximo de seis meses, se garantice la prestación de tratamientos alternativos que optimicen el desarrollo educacional y la estabilización en salud de esta población.

Con esta advertencia, la Sala Sexta de Revisión decidió cuatro acciones de tutela en las que les ordenó a varias EPS autorizarles terapias complementarias alternativas a cuatro menores que padecen síndrome de down. Según la Sala, aunque los tratamientos no están incluidos en el POS, son útiles para el desarrollo cognoscitivo y la calidad de vida a los niños.

Dentro de las terapias ordenadas, están la acuaterapia, la animalterapia, la musicoterapia, la equinoterapia y la estimulación magnética cerebral, dependiendo del grado y la naturaleza de la discapacidad.

La Corte reiteró que el Estado tiene la obligación de ofrecerles protección especial a los niños, niñas y adolescentes, con mayor razón si se encuentran en situación de discapacidad.

(Corte Constitucional, Sentencia T-765, oct. 10/11)