Con aseveraciones como esta, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, cuestionó la validez de la orden emitida por el presidente Juan Manuel Santos para que las fuerzas militares suspendan bombardeos a campamentos de las Farc durante un mes. A su juicio, se trata de un cese al fuego bilateral disfrazado que, en su criterio, no puede tener cabida antes de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto. Para él, mientras la fuerza pública cesa en su empeño de frenar las acciones de la insurgencia, esta se fortalece; además, sugirió que otras organizaciones armadas al margen de la ley podrían beneficiarse de esta decisión en las zonas donde aquellas operan conjuntamente.