La iniciativa, de autoría de la representante Karen Cure, busca promover el desarrollo y utilización de energía solar en las nuevas dotaciones de infraestructura educativa y de salud en las que hagan inversión las entidades gubernamentales nacionales y territoriales. En caso de que el proyecto de ley sea aprobado, habrá una identificación de las zonas que deberán incluir dicha tecnología, las cuales serán determinadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE). La entidad dará prioridad a las zonas y regiones no interconectadas al sistema nacional de energía eléctrica y a las regiones donde las empresas prestadoras del servicio hayan sido intervenidas, como la costa Caribe. Para la implementación de dicha tecnología se otorgará un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la mencionada ley. La inclusión de tecnología de autogeneración de energía solar deberá incluirse dentro de los estudios previos, invitaciones y pliegos públicos de contratación, y deberá estar dentro del presupuesto como parte integral de los proyectos de inversión de infraestructura dirigidos a la prestación de servicios educativos y de salud. Los pliegos también tendrán en cuenta la exclusión de pagos de impuestos y aranceles que tiene la legislación vigente, para determinar los aspectos financieros de los proyectos.