La Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones del Presidente de la República al proyecto de ley 114/09S-296/10C, y en consecuencia lo declaró inexequible. La iniciativa pretendía extender el beneficio de la pensión gracia a los educadores que acrediten tiempos de servicio en educación primaria, en normales, en secundaria o en inspectoría o supervisión educativa en planteles del orden nacional, aunque su pensión ordinaria esté a cargo de la Nación. Según el alto tribunal, la temática del proyecto objetado guarda relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y este tipo de iniciativas no puede ser propuesta por los miembros del Congreso, sino únicamente por el Gobierno, lo que significó un vicio desde su origen. El magistrado Jorge Ignacio Pretelt salvó su voto porque estimó que el proyecto no modificaba las reglas salariales y prestacionales de los empleados públicos, por lo que no se aplicaba la reserva de la iniciativa al Ejecutivo (M. P. Nilson Pinilla).