Inexequible la obligación de las entidades territoriales de asumir pagos de las contralorías departamentales generados por resolución de conflictos (4:24 p.m.)

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 3 de la Ley 1416 del 2010, que obligaba a las entidades territoriales a asumir de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las contralorías departamentales. Según el alto tribunal, se lesionan los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa, pues los gastos que se generen por las actuaciones de los organismos de vigilancia no serían asumidos por ellos mismos sino que se impactaría el presupuesto de los entes territoriales y se afectaría la disponibilidad presupuestal en la cual se basa el plan sectorial de desarrollo, lo que pondría en riesgo el adelantamiento del mismo. Según el alto tribunal, la medida disminuye el nivel de fuerza presupuestal a las contralorías, pues como esperan que sus gastos sean cubiertos por otra entidad no se esfuerzan “en desplegar la debida diligencia en la gestión administrativa a su cargo y, por tanto, afectan la eficiencia en el control fiscal”. Adicionalmente, la Corte señaló que la norma es inconstitucional por cuanto desconoce la autonomía territorial. Los magistrados Mauricio González, Adriana Guillén, Jorge Pretelt y Humberto Sierra salvaron el voto (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).