La acción de tutela es procedente para resolver las controversias existentes sobre la emisión de la libreta militar, pues, en la práctica, no poseerla dificulta que la persona interesada pueda adelantar estudios superiores, obtener un trabajo para su subsistencia y desplazarse libremente por el territorio nacional. Así lo señaló el Consejo de Estado al amparar el derecho fundamental al debido proceso del actor y dejar sin efectos la Resolución 023 del 2010, por medio de la cual se le impuso sanción por no presentarse a la concentración para definir su situación militar, cuando la entidad demandada no lo había citado a la misma. La Sección Segunda estimó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puede tardar varios meses o años en resolverse, por lo que no es un mecanismo eficaz de protección. Incluso la medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados, que está prevista para dicha acción, no es suficiente. Señaló que cuando hay vulneración del derecho al debido proceso, el amparo se concede de manera definitiva y no transitoria, en tanto la situación militar del accionante sería indefinida durante el proceso judicial respectivo (C. P. Gerardo Arenas Monsalve).