En fallo del pasado 9 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la providencia del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá emitida en el 2011, mediante la cual se consideró que la administración de Bogotá sí protegió los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio y seguridad pública, al llevar a cabo todas las actividades dispuestas a solventar la posible afectación de derechos de quienes laboraban en el sector de transporte público, con la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y la gradualidad de su adopción. Según el tribunal, se realizaron actos suficientes y se garantizaron los derechos fundamentales de los pequeños propietarios de vehículos colectivos, conductores y terceros.