El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda presentaron un proyecto de ley que regularía las asociaciones entre el Estado y el sector privado, para desarrollar obras de infraestructura pública. La iniciativa busca atraer a los inversionistas privados, quienes asumirían la financiación de los proyectos y el riesgo por el eventual incumplimiento. Según la propuesta, esos contratos tendrán un plazo máximo de ejecución de 30 años y se crearía un tipo especial de vigencias futuras en las entidades territoriales que los suscriban.