El Presidente de la República objetó por inconstitucionalidad el proyecto que establece lineamientos para adoptar una política pública de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), señalando que la comisión de conciliación se excedió en su competencia para dirimir discrepancias surgidas entre los textos aprobados en cada una de las cámaras. El Ejecutivo precisa que si el texto de un parágrafo aprobado por la plenaria del Senado es diferente del texto del parágrafo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, la comisión debió adoptar uno u otro o redactar una nueva fórmula que no alterara lo aprobado por ambas células legislativas, pero no acoger un tercer texto que no corresponde a lo que se discutió en el transcurso del debate.