Con objeciones por nueve motivos de inconstitucionalidad y cinco de inconveniencia, el Gobierno devolvió el proyecto de ley mediante el cual se reglamenta la actividad de los entrenadores deportivos. Para empezar, indicó que el Congreso de la República cuenta con un amplio margen para regular las profesiones, así como las ocupaciones, artes y oficios que impliquen riesgo social. Sin embargo, agregó, cuando afecta el núcleo esencial del derecho a escoger profesión u oficio es necesario que lo haga mediante una ley estatutaria. También explicó que el proyecto lesiona el derecho a la libertad de asociación, establece un gravamen tributario que afecta gravemente a deportistas y entrenadores e impide el acceso de miles de colombianos consagrados al deporte al registro y acreditación, entre otros reparos señalados por el Ejecutivo.