Con el propósito de brindar protección integral e igualitaria a los reclamantes de restitución de tierras en situación de amenaza y/o riesgo, el Gobierno acaba de impartir una serie de instrucciones, en directiva dirigida al Incoder, oficinas regionales del proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, secretarías departamentales de Agricultura, alcaldías municipales y otras autoridades. Según la disposición, la activación de los mecanismos de protección de víctimas se realizará desde la etapa de atención, asesoría, documentación y registro, sin que sea requisito formal haber iniciado o hacer parte de un proceso judicial o administrativo. Así mismo, las denuncias sobre amenazas y situaciones de riesgo de esta población deberán canalizarse de manera rápida y efectiva hacia las entidades estatales encargadas de la protección de su vida, integridad y honra. Las solicitudes de restitución presentadas por mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, etnias indígenas y comunidades afrodescendientes tendrán prelación, agrega la directiva.