La educación pública no puede negarse la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Con esta afirmación, el presidente Juan Manuel Santos presentó su proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 (Ley General de Educación). Los objetivos generales de la propuesta son promover la calidad y la investigación, garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno y tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional. Pero el punto central es que existan alianzas entre los sectores público y privado que hagan más competitiva a la educación superior pública. Finalmente, el mandatario declaró que “a las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada. Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro”.