Antes del próximo 30 de septiembre, los ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional deberán remitirle al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) una relación de los trámites y actuaciones en los que el requisito de la huella dactilar del ciudadano es estrictamente indispensable y las razones que lo justifican. Con base en las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Gobierno eliminaría dicho requisito y lo preservaría únicamente en las actuaciones que requieren comprobar la identidad de la persona, por estrictas medidas de seguridad y riesgo de suplantación, señala la Directiva Presidencial 24 del 2011.