Por mandato constitucional, durante el embarazo y después del parto la mujer goza de la especial asistencia y protección del Estado. Por ello, el Consejo de Estado reiteró que la administración debe tener conocimiento del estado de gravidez previamente o por lo menos de manera simultánea a la emisión de un acto administrativo. Por su parte, la Corte Constitucional ha relevado a la mujer gestante de esta carga probatoria. Para el caso concreto, el alto tribunal resaltó que las vinculadas a la administración mediante nombramiento provisional gozan de la protección legal y constitucional de la mujer en embarazo, esto es, del fuero materno. Por lo anterior, la protección a la mujer vinculada en provisionalidad prevalece sobre el derecho de la funcionaria en carrera administrativa que iba a ser trasladada al puesto que la primera ocupaba. La Sala concluyó que el fuero que ampara a la mujer gestante no hace distinción del tipo de vinculación y en cualquier caso se le debe dar prevalencia (C. P. Alfonso Vargas Rincón).