El Gobierno acaba de actualizar y simplificar las disposiciones del Decreto 2555 del 2010, con el objetivo de derogar las normas obsoletas, impracticables, contradictorias, con su objeto agotado o con referencias y remisiones normativas desactualizadas.

Así, con un decreto de 146 artículos, se racionalizan algunos trámites para adaptarlos a las nuevas tecnologías, las cuales permiten eliminar requisitos, tales como la publicación en diarios, la entrega de documentación en oficinas, la imposición de sellos o la autenticación de copias.

En su lugar, se disponen otros medios verificables, como la divulgación en medios masivos de comunicación, las publicaciones en página web o la utilización de emisiones desmaterializadas.

También se actualiza la terminología para reflejar las prácticas vigentes en el sector financiero, asegurador y en el mercado de valores.

Por ejemplo, se cambian las expresiones “operaciones a plazo de cumplimiento efectivo” por “operaciones con instrumentos financieros derivados”; “carteras colectivas” por “fondos de inversión colectiva”; “cuentas de orden” por “notas a los estados financieros” y “concordato” por “régimen de insolvencia empresarial”.

De igual manera, se ajustan las referencias a marcos normativos que han sufrido cambios significativos en años recientes, como es el caso de la compilación de las reglamentaciones emitidas por el Ejecutivo a través de los decretos únicos reglamentarios de cada sector, o la emisión de nuevos ordenamientos como el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Minhacienda, Decreto 1745, Dic. 22/20.