Las reestructuraciones de deudas hipotecarias deben tender a restituirle la capacidad de pago al deudor, sin afectar sus garantías fundamentales, sostuvo la Corte Constitucional. En sede de tutela, sostuvo que la finalidad de ese tipo de acuerdos, además de procurar el restablecimiento del pago oportuno de la obligación, es salvaguardar el derecho a la vivienda digna. La Corte mencionó la sentencia T-199 del 2006, a fin de sustentar su decisión de revocar la orden de remate de un bien inmueble sometido a un proceso ejecutivo, tras la imposibilidad de sus poseedores de continuar pagando su obligación, por el ascenso desmesurado en el costo de las cuotas de su crédito hipotecario (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).