La Corte Constitucional determinó que las víctimas de las bandas criminales (bacrim) también merecen la protección que ofrece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al ampliar la concepción contenida en el artículo 60 de la Ley 1448 del 2011. Además, la Sala Plena declaró exequibles los artículos 51, 61, 66, 67, 123, 125 y 132 de la norma, que comprenden obligaciones de la administración para garantizar el acceso a la educación a niños pertenecientes a familias desplazadas, la entrega de subsidios de vivienda y medidas de seguridad, entre otras. Sin embargo, el alto tribunal precisó que la ayuda debe estar sujeta a que las víctimas demuestren no contar con recursos para sufragar por su propia cuenta estos servicios (M. P. Nilson Pinilla).