El texto aprobado por el Senado fue acogido como el articulado definitivo del proyecto que deroga la Ley 1394 del 2010 y establece las nuevas reglas para el cobro del arancel judicial. Así, esta contribución parafiscal, que se destinará a sufragar los gastos de inversión de la administración de justicia, aplicará a todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, excepto procedimientos arbitrales, penales, laborales, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia y de jurisdicción voluntaria, entre otros. El demandante deberá cancelar el arancel antes de presentar la demanda y su tarifa será de 1,5 % de las pretensiones, aunque no podrá superar los 200 salarios mínimos mensuales.