El Gobierno sancionó la ley que reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos y se implementa su propia fiscalía general. También, organiza su cuerpo técnico de investigación y señala disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada. La norma, que consta de 129 artículos, establece que el Fiscal General Penal Militar y Policial será nombrado por el Presidente de la República y tendrá periodos institucionales de cuatro años, no prorrogables. Por otra parte, se crean los juzgados penales militares y policiales de conocimiento y de conocimiento especializado, que tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional. Así mismo, el Tribunal Superior Militar y Policial estará conformado por magistrados también elegidos por el jefe de Estado para periodos de ocho años, no prorrogables. Esta ley modifica y deroga los numerales 1 a 15 del artículo 26, artículos 61 y 62 del Decreto 1512 del 2000 y el artículo 3º de la Ley 940 del 2005.