El Senado aprobó en segundo debate el proyecto que ordena al Ministerio de Justicia adelantar procesos de simplificación normativa, en un plazo máximo de un año. Se trata de una propuesta que obligaría al Gobierno a presentar proyectos de ley que deroguen normas anacrónicas, improcedentes, contradictorias, incompletas, inexactas o redundantes. En el caso del Congreso, se redefiniría la forma de tramitar iniciativas, pues solo podrán tratar una misma materia y en ellas se deberán señalar de manera expresa las disposiciones que se modifican, adicionan, complementan o derogan.