La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dirimió el conflicto de competencia entre una fiscalía delegada ante esta corporación y la sala especial de instrucción de la Sala Penal para investigar a una exsenadora por declaraciones en contra de un candidato a la Gobernación de Antioquia. El alto tribunal comenzó por indicar que era el indicado para investigar y juzgar a miembros del Congreso. Sin embargo, aclaró que cuando los congresistas cesan su cargo esta corporación mantiene su competencia, siempre que las presuntas conductas punibles guarden relación con las atribuciones desempeñadas como legisladores. Respecto del caso en concreto, encontró que las declaraciones objeto de una presunta injuria y calumnia no se realizaron en el marco de la función legislativa. Por el contrario, constituyeron una expresión de opinión respecto de un particular que aspiraba a ser elegido a un cargo público (M. P. Patricia Salazar).