Una reglamentación general de las actividades de inteligencia y contrainteligencia fue radicada por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ante el Congreso de la República. La iniciativa define los límites y fines de estas operaciones, la protección de los agentes dedicados a estas labores, los mecanismos de control y la regulación de las bases de datos. En la propuesta se deja claro que estas funciones serán adelantadas por dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, principalmente. En la presentación de la iniciativa, el presidente Juan Manuel Santos anunció que una comisión independiente, presidida por el Procurador General de la Nación, depurará las bases de datos de inteligencia, para excluir a ciudadanos que estén allí por su pertenencia a un sindicato, una organización de derechos humanos o un partido político.