La comisión nombrada para conciliar el proyecto que busca integrar al sector público y privado en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario determinó que estas soluciones habitacionales se entregarán a la población en rango de pobreza extrema, que esté en situación de desplazamiento o que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. Las construcciones se considerarán de estrato socioeconómico uno durante 10 años. Por otra parte, no se causarán derechos notariales ni registrales en los negocios relacionados con estas propiedades. Finalmente, se modifica el Estatuto Tributario para otorgar a los constructores el derecho a la devolución o compensación del IVA pagado en la adquisición de materiales, el cual equivaldrá al 4 % del valor registrado en las escrituras del inmueble.