Aunque la ley no ha impuesto la obligación de contratar un seguro que ampare el ejercicio de la función de control fiscal, el Consejo de Estado señaló que la Contraloría de Bogotá puede contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños patrimoniales generados por sus servidores públicos, de acuerdo con al artículo 105 del Decreto 1421 de 1993 y su autonomía presupuestal. Según el concepto, si la entidad considera conveniente otorgar a sus funcionarios la protección que brinda un seguro de responsabilidad civil por el desempeño de sus funciones, con la cobertura adicional de los respectivos gastos de defensa, podría hacerlo con base en su autonomía administrativa y presupuestal, siempre y cuando cuente con la partida para el pago oportuno de las primas correspondientes (C. P. Augusto Hernández Becerra).