Los entes de control presentaron ante la plenaria del Senado un informe sobre los resultados de la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) durante su primer año de implementación. Estas entidades manifestaron que no se pueden confundir las políticas sociales con los mecanismos y acciones de reparación a las víctimas. Se refieren a establecer como medida de reparación el acceso a la salud, la educación, el empleo o a distintas políticas de subsidios, que “no reflejan en su verdadera dimensión la problemática de la violación a los derechos humanos de las víctimas”. Por otra parte, manifestaron su preocupación porque en el marco fiscal de mediano plazo se reduce la presión fiscal de 14,5 % a 13,7 % del producto interno bruto (PIB), periodo 2012 a 2023. El informe cuestiona si se debe reducir a menos de la media de América Latina, a pesar de las particulares circunstancias sociales que vive el país.