El Consejo de Estado amparó los derechos colectivos al goce del ambiente sano y del espacio público, que estimó vulnerados debido a que varios vendedores ambulantes ocupan indebidamente el espacio público ubicado, entre otros sectores de Bogotá, en la Calle 19, entre carreras 3ª y 15; Carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; y calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª. El alto tribunal ordenó a la Alcaldía Mayor que realice un censo que permita la identificación, el tipo de mercancía comercializada y el lugar donde cada vendedor puede ejercer su actividad, a fin de que se tomen medidas más efectivas para recuperar el espacio público. Además, pidió la conformación de un comité para que se vigile la adopción de alternativas concretas y eficientes de trabajo formal para los vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes que ocupan irregularmente el espacio público. En la decisión, se ordena la implementación de una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de productos que violan los derechos de autor en el espacio público, y cuyas consideraciones tengan como finalidad encausar a los vendedores ambulantes a acogerse a los programas ofrecidos por el Instituto para la Economía Social (IPES) (C. P. María Claudia Rojas Lasso).