Durante el 2012, la Superintendencia de Servicios Públicos impuso sanciones por cerca de $ 5.000 millones a 75 empresas por incumplimiento al régimen de servicios públicos domiciliarios, de las cuales 48 corresponden al servicio de energía eléctrica, 25 al sector del gas licuado de petróleo (GLP) y dos al servicio de gas natural. También, reportó que al finalizar el año, la entidad había recibido 137 solicitudes de investigación frente a 91 del año 2011, lo que representa un incremento de 51 % en la gestión institucional. En general, las investigaciones abiertas están relacionadas con fallas en el régimen de recolección y reposición de cilindros, indebida aplicación de subsidios del Fondo de Energía Social (FOES), falta de requisitos para la entrada de los operadores al esquema de calidad, entre otros.