La pérdida de investidura es una acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si este llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas en la Constitución. Así, son causales de pérdida de investidura: (i) el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo; (ii) la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; (iii) la indebida destinación de dineros públicos; (iv) el conflicto de intereses y (v) el tráfico de influencias debidamente comprobado. Por lo anterior, la gravedad de las sanción que se impone exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente de los principios pro homine, in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad. Consulte en el documento adjunto el desarrollo jurisprudencial completo sobre esta figura (C. P. Roberto Augusto Serrato).