Los miembros de la fuerza pública, cuando utilizan armas de fuego de dotación oficial, deben tener en cuenta la contingencia del peligro, es decir, podrán usarlas como última medida para proteger su integridad física o la de terceras personas, pero siempre deben evitar cualquier exceso. Así lo señaló el Consejo de Estado al condenar a la Policía Nacional a pagar una indemnización de más de $ 3.500 millones, por la muerte de dos profesionales de una empresa petrolera en el municipio de Monterrey (Casanare), cuando estos se movilizaban en un campero y varios agentes dispararon contra el vehículo porque, supuestamente, desatendieron una llamada para que se detuvieran. Añadió la Sección Tercera que los agentes actuaron de manera desmedida e injustificada contra personas indefensas y de manera irresponsable, “alejados de todo cauce legal, pretendieron justificar un proceder arbitrario y negligente endilgándoles a las víctimas conductas ilícitas que nunca se acreditaron en el proceso” (C. P. Gladys Agudelo Ordóñez).