Así lo indicó el Ministerio del Interior al reiterar el deber que les asiste a los alcaldes y gobernadores de incluir en sus planes de acción los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. El plazo fue fijado por medio del Decreto 1725 del 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448/11). Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.