La propuesta que permitiría desarrollar mecanismos de participación y garantía efectiva de los derechos y deberes de la juventud recibió ponencia positiva para tercer debate. Una de las novedades del proyecto es la inclusión del concepto de ciudadanía digital, que obligaría al Estado a la promoción y acceso de los jóvenes a tecnologías de la información y las comunicaciones. La propuesta derogaría la Ley 375 de 1997.