El Consejo de Estado recordó que no se le puede atribuir al Presidente de la República la función de dictar normas generales y abstractas sobre la evaluación del desempeño del personal docente y directivo docente, pues, conforme a disposiciones constitucionales, deben ser expedidas por el legislador ordinario o extraordinario. Por tal razón, la Sección Segunda declaró la nulidad de la Resolución 2015 del 2005, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se regularon las responsabilidades y orientaciones para la evaluación del periodo de prueba de los docentes y directivos docentes. Según la Sala, el Gobierno Nacional desbordo el ámbito de competencia al modificar una ley orgánica con una norma de inferior categoría, siendo potestad únicamente del legislador ordinario o extraordinario dicha modificación (C. P. Alfonso Vargas).