El Consejo de Estado determinó que la destrucción de archivos que contengan registros sobre operaciones militares genera responsabilidad del administrador. Según la providencia, la reconstrucción de la memoria histórica se ve afectada cuando se permite la desaparición de datos que la preserven, pues se hace difícil rastrear el pasado cultural y la historia del país. El pronunciamiento lo hizo a raíz de un proceso sobre el daño causado a un soldado que no logró acreditar las dimensiones del perjuicio padecido en un ataque guerrillero, debido a que en el batallón al que pertenecía eliminó sus archivos de los años 1994, 1995 y 1996.