El Consejo de Estado le ordenó a un juzgado administrativo continuar el trámite de reparación directa y hacer uso de los medios probatorios necesarios para establecer con certeza si se configuró responsabilidad del Estado a título de falla en el servicio por la presunta desaparición forzada de la que fue víctima un menor de edad en el municipio de Tame (Arauca), a quien se le hizo pasar como miembro de un grupo armado ilegal. En el proceso, se negaron las pretensiones de la demanda porque no se demostró el hecho con el registro de defunción del menor. A juicio del alto tribunal, el juez debió hacer uso de su facultad para decretar pruebas de oficio y así encontrar la verdad real dentro del caso, para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los reclamantes (C. P. Gustavo Eduardo Gómez).