En sentencia de tutela publicada recientemente, la Sección Cuarta dejó sin efectos jurídicos un fallo que le ordenó a la Contraloría General de la República pagarle prima técnica a una funcionaria que no cumplía con los requisitos para acceder a ella. A juicio del alto tribunal, el Decreto 1724 de 1997 excluyó a los empleados del nivel profesional como beneficiarios de esta prima y el ad quem desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el alcance de la prima técnica para los servidores de la Contraloría. Con esta actuación judicial se vulneraron los derechos a la igualdad y al debido proceso de la entidad, agregó (C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).