El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que ante la dificultad del Estado para mantener a la población reclusa en adecuadas condiciones de salubridad y por los problemas de hacinamiento que viven las cárceles del país, los reclusos podrían emprender acciones legales en contra del Estado. La alerta la dio luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia condenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Nación (Rama Judicial) a pagar un total de 175 salarios mínimos a un ciudadano, su hijo y su esposa, por los perjuicios que le fueron causados como consecuencia de las malas condiciones de su reclusión en la cárcel de Bellavista (Antioquia). Según Otálora, dicha demanda sienta un precedente y permitiría que muchos más reclusos tomen acciones similares. “Le he solicitado al Gobierno que tome medidas urgentes, porque de ser confirmado este fallo ante el Consejo de Estado, serían 130.000 personas reclusas las que podrían verse motivadas a instaurar demandas contra el Estado”, señaló el funcionario.