El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le insistió al Ejecutivo que estudie la posibilidad de acudir a la declaratoria de emergencia social para enfrentar los problemas de hacinamiento que vive la población penitenciaria y carcelaria. Indicó que a través de decretos con fuerza de ley se podrían implementar figuras jurídicas que permitan la excarcelación de personas que hayan cometido delitos de bajo impacto. Igualmente, planteó la posibilidad de nombrar jueces de descongestión y de ejecución de penas y pidió conseguir terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa.