El Gobierno acaba de prorrogar, por cuarta ocasión, el plazo para la culminación de las responsabilidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el programa de protección de personas en riesgo extremo como consecuencia de las actividades o funciones públicas, sociales o humanitarias que realizan (sindicalistas, dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales y campesinas y periodistas, etc.). Tales obligaciones disminuirán gradualmente, en la medida en que se cumplan las etapas del proceso de traslado de las mismas al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta su finalización, a más tardar, el próximo 30 de junio, señala el Decreto 1896 del 2011.