La Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 84 del 2002, proferida por el Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, la cual asignó nomenclatura, sigla y sede a los despachos de esa jurisdicción adscritos a la Armada Nacional. Según la sentencia, la función de implementar políticas o proponer decisiones para administrar la justicia militar no implica la facultad arrogada en la norma estudiada, ya que la asignación de nomenclatura comporta la ordenación sistemática y codificada de las distintas denominaciones de los empleos en cada nivel jerárquico, potestad que le corresponde al Congreso. Por otro lado, la competencia del director ejecutivo no supone decidir autónomamente la ubicación de los despachos, sino solo recomendarla al Ministro de Defensa, añadió el alto tribunal. Además, administrar el personal civil de la planta de empleados públicos de ese ministerio tampoco acarrea la función usada en la resolución. Ahora bien, bajo las leyes 443 de 1998 y 909 del 2004, el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos compete al Presidente de la República, precisó el fallo (C. P. Gerardo Arenas).