La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que para disminuir los costos de los procesos ejecutivos que se generan por el no pago oportuno de las sentencias que se fallan contra el Estado, identificará dichos procesos y pagará las respectivas demandas. Según el organismo, el Instituto de Seguro Social, en liquidación, con aproximadamente 10.500 sentencias condenatorias no pagadas, le ha generado al Estado una deuda de $ 300 mil millones. “Con esta estrategia se busca que las decisiones de los jueces sean respetadas, que haya una descongestión de la justicia del orden de 10.500 procesos y realizar una labor de reconocimiento de derechos sociales que no debe ser postergado por el Estado”, señaló la entidad.