“Ningún delito o la finalidad bondadosa de combatir el terrorismo autorizan que en el trámite judicial se violen derechos fundamentales o pase por alto el debido proceso y su correlato del principio de legalidad”, señaló la Corte Suprema de Justicia al explicar los alcances de la decisión adoptada con respecto a la legalidad de las pruebas obtenidas durante el operativo militar que dio muerte a alias Raúl Reyes. Según la Sala Penal, no existen normas que, por fuera de las ordinarias, permitan adelantar procesos especiales por delitos como el terrorismo, por lo que no se puede conciliar un operativo político-militar, con la legalidad o legitimidad del procedimiento penal que allí debe seguirse. En el comunicado explicó además cómo opera la extraterritorialidad penal y cuándo puede usarse la fuerza para hacer uso del principio de legítima defensa.