La Corte Constitucional se abstuvo de evaluar los cargos de una demanda de inconstitucionalidad que buscaba tumbar la orden de descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en $ 400 mil millones para el 2018 (artículo 102 de la Ley 1873 del 2017). Y es que, según el concepto del alto tribunal, no fueron acreditados los presupuestos de la acusación, esto es, que los recursos obtenidos de la descapitalización de dicha entidad no fueron incorporados al presupuesto de rentas ni destinados a los fines sociales a los que alude la norma demandada. De igual modo, no se sustentó la obligatoriedad de convocar a la comisión permanente de concertación de políticas laborales ni la violación de garantías laborales (M. P. Luis Guillermo Guerrero).