La Corte Constitucional le pidió al procurador pronunciarse sobre el examen de exequibilidad del Decreto 1351 de 2012, mediante el cual se convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, las mismas que permitieron hundir el proyecto de reforma a la justicia. La alta corporación no aceptó el impedimento presentado por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, y le solicitó emitir el concepto, tanto en el caso del Decreto, como frente al texto conciliado y aprobado del Proyecto de Acto Legislativo 007/11 Senado – 143/11 Cámara (de reforma a la Justicia). La corporación llegó a las mismas conclusiones expuestas en el Auto 282 de 2012 (D-9200 y D-9208), en el que señaló que no había prueba que demostrara el interés directo y actual del jefe del organismo de control disciplinario en la iniciativa, aún cuando esta buscara modificar algunas de las competencias investigativas de la institución a su cargo; a juicio de la corporación, en este caso tampoco se advierte ventaja patrimonial o moral derivada de la variación del fuero del propio procurador, por el hecho de que el proyecto promoviese un cambio en el esquema de investigación al jefe del organismo de control disciplinario (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).