En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 del 2011) se omitió un desarrollo directo de las regiones como entidades territoriales, afirmó la Corte Constitucional en una decisión en la que se declaró inhibida para conocer una demanda de inconstitucionalidad contra la norma. El alto tribunal declaró su impedimento en razón a que, por ser una omisión, no hay una actuación del Legislador que se pueda controlar materialmente. Sin embargo, exhortó al Gobierno y al Congreso de la República para que legislen sobre las entidades territoriales y las entidades territoriales indígenas.