En reciente comunicado, la Corte Constitucional informó que declaró exequible el Decreto 486 del 2020, mediante el cual se creó un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptaron otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria, dentro del estado de emergencia declarado por la propagación del coronavirus (covid-19). La disposición establece cinco medidas de carácter económico, financiero y contractual destinadas a beneficiar de manera prioritaria a los trabajadores agropecuarios mayores de 70 años y a los pequeños y medianos productores que estén en situación de especial vulnerabilidad económica y financiera. Según el alto tribunal, dichas medidas no vulneran derechos fundamentales o principios constitucionales y, por el contrario, son idóneas, ya que otorgan liquidez al sector agropecuario y dinamizan la reactivación y/o continuidad de la producción durante la pandemia, contribuyendo razonablemente a mitigar o impedir la agravación de los efectos de la emergencia. El magistrado Alberto Rojas Ríos salvó parcialmente su voto, por considerar que la norma no prevé criterios para fijar la cuantía y periodicidad de la prestación, de manera que el dinero que llegue a ser entregado por el Estado puede llegar a ser una cifra ínfima que no tenga el alcance de garantizar el derecho al mínimo vital y a la vida digna en condiciones de igualdad de una de las poblaciones históricamente más abandonada del país (M. P. Carlos Bernal Pulido)