La Corte Constitucional le pidió al Gobierno que le informe qué planes ha adoptado para cumplir con la orden de garantizar el derecho a la consulta previa de 14 comunidades afrodescendientes de municipios de Nariño víctimas del desplazamiento forzado. La alta corporación requiere precisar cómo se ha gestionado la capacitación de los pobladores y los espacios académicos y comunales que se han abierto para propiciar el cumplimiento de estas garantías constitucionales. Adicionalmente, solicitó un balance acerca de la puesta en marcha de la “ruta étnica propuesta por Acción Social dentro del proyecto de protección de tierras y patrimonio emitida por la Corte Constitucional en el auto 005 del 2009” (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).