La Corte Constitucional tuteló los derechos a la dignidad, la salud y la vivienda digna invocados por habitantes que carecen de sistema de disposición y canalización de aguas residuales en el municipio de Miranda (Cauca). A juicio del alto tribunal, la jurisprudencia ha acertado al conceder la protección de dichos derechos en relación con las obligaciones de saneamiento básico a cargo del Estado. Así mismo, ordenó a la alcaldía municipal y a la empresa de servicios públicos domiciliarios presentar ante la corporación autónoma regional un plan detallado de ejecución de las obras de alcantarillado para que los residuos líquidos y aguas servidas de las viviendas no desemboquen directamente a una quebrada sino a la red de alcantarillado a la cual están formalmente conectados (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).